El fraude fiscal es un problema importante en España, y puede tener graves consecuencias tanto para particulares como para empresas. También conocido como fraude tributario, se produce cuando particulares o empresas ocultan deliberadamente ingresos o activos a las autoridades fiscales. Puede consistir en no pagar impuestos, obtener ventajas fiscales por medios ilegales u obtener devoluciones a las que no tienen derecho.
Este tipo de fraude afecta a las arcas públicas en España, ya que se dejan de ingresar ingresos con los que se financian los servicios públicos. Según una encuesta realizada en 2020 por el Centro Español de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 89,9% de los ciudadanos creía que en España había mucho o bastante fraude fiscal.
Tipos de fraude fiscal en España
Un tipo de fraude fiscal común en España es no declarar o declarar de menos los ingresos y bienes utilizados para el pago de impuestos como el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio. Esta práctica puede consistir en que las personas oculten ingresos a sus empleadores o no declaren sus verdaderos ingresos al hacer la declaración de la renta.
Otro tipo de fraude consiste en obtener ventajas fiscales o devoluciones a las que no se tiene derecho. Puede consistir en reclamar créditos fiscales fraudulentos o aprovecharse de las lagunas de la legislación fiscal. Las empresas también pueden ser culpables de fraude fiscal al declarar deliberadamente por encima o por debajo de sus obligaciones fiscales o al mentir sobre el tipo o la ubicación de sus ingresos o activos.
Legislación española sobre fraude fiscal
En España, la legislación que regula el fraude fiscal está contenida en el Código Tributario y en el Código Penal. La ley estipula que cualquier acto de fraude fiscal que supere un determinado umbral se castiga con sanciones civiles y penales. El umbral está fijado en 120.000 euros y se aplica tanto a las personas físicas como a las jurídicas.
Además, la Agencia Tributaria española (AEAT) ha establecido una lista de contribuyentes morosos. La lista incluye a personas físicas o jurídicas que tienen deudas pendientes con el erario público. Para ser incluido en la lista, el importe de la deuda debe superar los 600.000 euros. Anteriormente, esta cantidad era de 1 millón de euros.
También se ha reducido el límite de pago en efectivo, en el marco de la lucha contra el fraude fiscal. Para las personas físicas con domicilio fuera de España, el límite se ha reducido de 15.000 euros a 10.000 euros.
Prevención y detección del fraude fiscal en España
La Agencia Tributaria española realiza un seguimiento activo de la presentación de declaraciones de la renta y lleva a cabo auditorías para descubrir casos de fraude fiscal. La agencia ha desarrollado técnicas sofisticadas para detectar declaraciones falsas u omisiones por parte de los contribuyentes.
Además, la agencia se ha asociado con el Consejo de Economistas para establecer la Red de Derechos de los Contribuyentes Españoles (REAF). A través de esta red, los contribuyentes pueden denunciar presuntos casos de fraude fiscal o casos de prácticas desleales o abusivas por parte de un reducido número de empresas.
El Gobierno español también está adoptando un enfoque proactivo en la prevención del fraude fiscal. Por ejemplo, ha introducido medidas para garantizar que las empresas cumplan sus obligaciones fiscales, como la prestación de servicios educativos a las pequeñas y medianas empresas. También ha tomado medidas para reducir las oportunidades de fraude y evasión fiscal, como aumentar el plazo para el pago de impuestos y limitar el uso de pagos en efectivo.
Consecuencias del fraude fiscal en España
El fraude fiscal es un delito grave en España y puede acarrear sanciones penales. Las personas y empresas condenadas por fraude fiscal pueden enfrentarse a multas, penas de prisión y daños a su reputación. La Agencia Tributaria española también puede emprender acciones de cobro, como el embargo de bienes y la imposición de gravámenes sobre propiedades.
Además, la Comisión Europea ha abierto investigaciones sobre un volumen de fraude fiscal cercano a los 10.000 millones de euros en 2022. Se calcula que casi la mitad de este fraude fue cometido por particulares y empresas que ocultaron sus ingresos o activos a las autoridades fiscales.
El fraude fiscal es un problema importante en España y afecta a las arcas públicas al privarlas de ingresos procedentes de los impuestos. Para hacer frente a este problema, el Gobierno español ha introducido legislación y medidas para detectar, prevenir y castigar el fraude fiscal.
También colabora con la Comisión Europea para investigar casos de fraude a gran escala. Por último, los contribuyentes deben ser conscientes de las consecuencias de cometer fraude fiscal, ya que puede acarrear sanciones penales y daños a la reputación.
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