Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) desempeñan un papel importante en el desarrollo económico y social de cualquier país, incluido España. Sin embargo, su crecimiento se ve a menudo obstaculizado por ciertas normativas que pueden afectar a su funcionamiento. Según el Ministerio de Economía español, existen 130 regulaciones de carácter administrativo, fiscal y laboral que afectan al tamaño de las PYMES e impiden su crecimiento.
El impacto de estas regulaciones se deja sentir principalmente en los ámbitos del empleo, la fiscalidad y las operaciones. Muchas de las normativas establecidas por el gobierno español tienen por objeto proteger los derechos de los trabajadores, pero también pueden dificultar que las PYMES sigan siendo competitivas y amplíen sus negocios.
Las normas fiscales también pueden ser complejas, lo que dificulta que las empresas sepan exactamente qué impuestos deben pagar regularmente. Por último, muchas de estas normativas pretenden controlar las operaciones de las PYMES, dejándolas así sin autonomía para tomar decisiones esenciales para su funcionamiento diario.
Estas normativas no sólo dificultan el crecimiento de las PYMES, sino que también aumentan la distancia que las separa de las empresas más grandes. En la actualidad, el Gobierno español está trabajando para que la normativa sea menos estricta, de modo que más PYMES puedan ser competitivas y crecer. El Gobierno ha propuesto algunos incentivos y reformas que pueden contribuir a reducir la carga que soportan las PYME y ayudarlas a desarrollar todo su potencial.
Por ejemplo, el Gobierno ha introducido recientemente incentivos fiscales que facilitan a las PYME el pago de sus impuestos. Estos incentivos se adaptan a las necesidades específicas de cada empresa y facilitan su cumplimiento a los propietarios de pequeñas empresas. El gobierno también ha propuesto hacer menos estricta la normativa laboral, así como introducir reformas que permitan a las PYMES tener más autonomía y libertad a la hora de tomar decisiones importantes para sus operaciones.
Además, el gobierno ha propuesto reformas orientadas a ayudar a las PYMES a establecer redes con empresas más grandes y a ser más competitivas en el mercado. Estas reformas incluyen la creación de viveros de empresas, que acogen a empresas que proporcionan a las PYMES recursos, como acceso a financiación, apoyo técnico y tutoría.
Por otra parte, el gobierno español también ha propuesto crear servicios financieros y jurídicos para las PYMES que simplifiquen los procedimientos de cumplimiento y faciliten a los propietarios de pequeñas empresas el acceso al capital y a las redes necesarias para su crecimiento.
El gobierno español ha dado pasos positivos para hacer menos estrictas las normativas que dificultan el crecimiento de las PYMES. Estas reformas e iniciativas, si se aplican y siguen correctamente, pueden ayudar a las PYMES a ser más competitivas y alcanzar todo su potencial.
También ha propuesto la creación de servicios financieros y jurídicos para las PYME, lo que puede ayudar a simplificar los procedimientos de cumplimiento y proporcionarles un mejor acceso al capital necesario para su crecimiento.
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