La protección de los menores extranjeros en España no solo es una cuestión legal, sino también una obligación ética del Estado. La llegada de menores no acompañados, conocidos como MENAs, plantea importantes desafíos jurídicos, sociales y humanitarios. En este contexto, la Fiscalía de Menores desempeña un papel esencial en la tutela, identificación y defensa de los derechos de estos menores.
A lo largo de este artículo, explicamos cómo actúa la Fiscalía en estos casos, qué derechos tienen los menores extranjeros en España, y cómo se garantiza su regularización y acceso a servicios fundamentales como la educación y la sanidad.
¿Quiénes son los menores extranjeros en España no acompañados?
Son personas menores de 18 años, de nacionalidad no española, que llegan sin un adulto responsable legalmente. En 2024, el Ministerio del Interior registró más de 7.500 MENAs bajo tutela, predominando en Andalucía, Cataluña y Canarias.
El papel de la Fiscalía de Menores en la protección de los MENAs
- Determinación de la edad: Si existe duda o falta de documentación, la Fiscalía autoriza pruebas médicas (radiografías de muñeca, etc.) con respeto a la dignidad y priorizando la minoría de edad.
- Tutela provisional: El menor queda bajo protección de la comunidad autónoma mientras se analiza su situación, con supervisión del Ministerio Fiscal.
- Garantía de derechos fundamentales: La Fiscalía vela por la protección del menor, evitando abusos o discriminación.
Derecho a la educación, sanidad y regularización
- Educación obligatoria y gratuita: Acceso a primaria, secundaria y formación profesional.
- Atención sanitaria pública: Incluida en el sistema de salud, como cualquier niño español.
- Regularización administrativa: Desde la reforma de 2021, tras 3 meses de tutela se inicia la autorización de residencia por arraigo social, reduciendo el plazo desde los anteriores 9 meses.
Ejemplo integrado:
Un menor marroquí sin documentación, tras ser tutelado en Valencia, es sometido a pruebas de edad, escolarizado y, cumplido el plazo reglamentario, se solicita su tarjeta de residencia en tres meses.
Retos y avances en la protección
- Plazos límite para determinar la edad.
- Saturación de plazas en centros.
- Avances legislativos recientes incluyen el Real Decreto-ley 2/2025 (19 de marzo), que regula reubicaciones, refuerza coordinación entre administraciones y centra la prioridad en el interés superior del menor.
- El Real Decreto 658/2025 (24 de julio) establece despliegue urgente para reubicaciones en 15 días máximo desde la inscripción en el registro.
Coordinación con Policía y Fiscalía en reubicaciones
En situaciones de contingencia migratoria (por ejemplo en Canarias), la Fiscalía puede ordenar la intervención policial para asegurar el traslado cuando una comunidad se niega a acoger.
También se han creado 1.200 nuevas plazas y un fondo de 40 millones € para financiar estos procesos.
¿Cómo apoyar a estos menores?
- Contactar a la Fiscalía de Menores ante dudas o irregularidades.
- Solicitar asistencia jurídica especializada para la regularización.
- Facilitar acceso a programas de integración, ONG, servicios sociales.
- Promover coordinación entre instituciones y tutores.
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